Ingreso mínimo garantizado, esfuerzo compartido de empresas y Estado

Enrique Paris Horvitz

El Congreso comenzará a discutir el proyecto que crea un subsidio mensual para beneficiar a más de 500.000 trabajadores dependientes con jornada superior a 30 horas semanales, que pertenezcan a los nueve primeros deciles de ingreso y perciban una remuneración bruta mensual menor a $370.000. Se trata de una transferencia monetaria que busca alcanzar un ingreso mínimo de $350.000 para quienes perciben actualmente el sueldo mínimo de $301.000.

El diseño de este subsidio es similar al usado desde hace algunos años para el pago del bono trabajo mujer y el subsidio al empleo joven, y que en este caso establece un aporte proporcional al sueldo hasta un máximo de $49.000 mensuales cuando el sueldo alcanza los $301.000 y disminuye gradualmente hasta extinguirse cuando el sueldo llega a los $370.000.

En los últimos 10 años el salario mínimo se incrementó en 75% y un alza adicional de más del 16% puede tener costos en el empleo y en la actividad económica; esto justifica un esfuerzo fiscal que mitigue esos efectos, que se estiman en más de 156 millones de dólares promedio anual para los próximos dos años.

El proyecto del Ejecutivo forma parte de las iniciativas que intentan responder al malestar ciudadano frente a los abusos, la persistencia de grandes inequidades y las enormes brechas salariales en un país que ha experimentado avances notables como sacar de la pobreza a millones de personas, pero donde subsisten altos niveles de desigualdad que aunque han disminuido, se han vuelto intolerables para la mayoría de los chilenos.

Ante la realidad que vive el país las empresas también debieran contribuir, es lo que se espera de un nuevo pacto social. Además de las razones éticas que justifican sobradamente un aumento del salario mínimo, para nuestra convivencia social resulta difícil de entender que las empresas grandes necesiten pagar salarios tan bajos para lograr su desarrollo y el apoyo del Estado para mejorarlos. En ese sentido el proyecto de ingreso mínimo debiera considerar primero un aumento inmediato del salario mínimo a $350.000 en las empresas de mayor tamaño que concentran cerca del 40% del empleo con ese nivel de salarios (alternativamente, se puede aplicar el aumento a empresas con ventas anuales superiores a 75.000 UF) y mantenerlo por los próximos dos años cuando el resto de las empresas deban alcanzar al mismo monto y de ese modo concentrar el esfuerzo fiscal en los trabajadores de las empresas más pequeñas.

Finalmente, a diferencia de lo planteado en el proyecto de ley es preferible que sea el SENCE (sin perjuicio del rediseño pendiente de este servicio en el campo de la capacitación) el encargado directo de administrar este subsidio, tal como lo hace con los otros dos del mismo tipo. Siendo correcto que el Ministerio de Desarrollo Social y sus subsecretarías sean las encargadas de definir cobertura, conceder y extinguir el beneficio, la administración de prestaciones es propia de servicios públicos, tal como la coordinación de estos corresponde a las subsecretarías.